La
decisión judicial que favorece a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta
ha reactivado el enfrentamiento entre el
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el
Ministerio Público. La organización sostiene que el caso confirma años de
denuncias sobre supuestas persecuciones políticas y procesos construidos sin bases suficientes para llegar a juicio.
En un pronunciamiento público, el PLD afirmó que el fallo representa mucho más
que una victoria procesal para ambos dirigentes. A su juicio, constituye una
validación de los cuestionamientos que durante años realizaron familiares,
abogados y miembros de la organización sobre las acusaciones presentadas en su
contra.
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El PLD habla de daños irreparables
La organización argumentó que las consecuencias de los procesos judiciales
trascendieron el ámbito legal, señalando afectaciones a la salud, el
patrimonio, la reputación y la vida familiar de los imputados.
También cuestionó medidas como las alertas migratorias impuestas desde
noviembre de 2020, la prisión preventiva y la exposición pública de los
expedientes, calificándolas como mecanismos utilizados para castigar antes de
una sentencia definitiva.
Según el partido, ninguna decisión judicial puede compensar completamente el
tiempo perdido ni los daños personales y económicos que, asegura, sufrieron
los acusados.
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Reafirman respaldo a otros exfuncionarios procesados
El PLD extendió su defensa a Donald Guerrero, Luis M. Piccirillo, Fredy
Hidalgo, Fernando Rosa, Magalys Medina, Rafael Germosen y otros vinculados a
distintos expedientes judiciales.
La organización sostiene que estos procesos responden a una estrategia
política y no a la fortaleza jurídica de las acusaciones, una postura que ha
mantenido desde el inicio de las investigaciones contra exfuncionarios de sus
administraciones.
Asimismo, criticó las apelaciones presentadas por el Ministerio Público en
casos donde, según afirma, los tribunales ya han descartado elementos
suficientes para sustentar las acusaciones.
Proponen reformas para evitar nuevos conflictos
El partido aprovechó el pronunciamiento para plantear cambios en el sistema de
justicia, incluyendo mayores garantías a la presunción de inocencia y límites
al uso de la prisión preventiva.
Además, llamó a impedir que futuras investigaciones penales sean utilizadas
con fines políticos y rechazó las filtraciones de expedientes y los llamados
juicios mediáticos.
Para el
PLD, las decisiones judiciales emitidas recientemente representan el inicio de
un reconocimiento más amplio sobre lo que considera un
uso político del aparato de justicia, una tesis que asegura ha sido respaldada por juristas, académicos y
especialistas durante los últimos años.
