Miles de inmigrantes en Nueva York, incluidos dominicanos y miembros de
otras comunidades, quedarán amparados por un nuevo paquete de medidas
que restringe la participación de agencias estatales y locales en operativos
de control migratorio civil impulsados por el gobierno federal.
Las disposiciones, aprobadas dentro del presupuesto estatal 2026-2027 y
promulgadas por la
gobernadora Kathy Hochul, buscan reducir el temor de familias migrantes al momento de acceder a
servicios esenciales como educación, salud, asistencia social y espacios
comunitarios.
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ICE enfrentará nuevas restricciones en espacios públicos
Las nuevas normas impiden que agentes del Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de los Estados Unidos (ICE) ingresen a áreas privadas de escuelas, hospitales, bibliotecas, refugios,
centros comunitarios, guarderías, lugares de culto, residencias estudiantiles,
parques y centros de votación sin la debida autorización legal.
Además, empleados públicos no podrán permitir el acceso a zonas restringidas
cuando los agentes carezcan de una orden judicial válida.
La legislación también fortalece las garantías para estudiantes
indocumentados, limitando la posibilidad de que información migratoria sea
compartida y reforzando su acceso a las escuelas públicas.
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Nueva York marca distancia del control migratorio federal
Otro de los cambios centrales prohíbe que gobiernos locales, departamentos
policiales y centros penitenciarios estatales o municipales utilicen personal,
recursos o instalaciones para colaborar con funciones de inmigración civil.
Asimismo, se limita la participación de autoridades locales en la
construcción, operación o financiamiento de centros de detención migratoria.
Entre las disposiciones más novedosas figura la restricción al uso de
cubrebocas por parte de agentes estatales, locales y federales durante
interacciones con el público, salvo situaciones médicas o tácticas
específicas.
Hochul endurece su postura frente a Washington
La gobernadora presentó las medidas como una respuesta al fortalecimiento de
la política migratoria federal y aseguró que el estado no permitirá acciones
que considere contrarias a los derechos constitucionales.
El paquete legislativo también crea un mecanismo estatal que permitirá
presentar demandas contra funcionarios federales, además de autoridades
estatales y locales, por presuntas violaciones de derechos constitucionales.
Por su parte, la asambleísta dominicana Karines Reyes calificó la aprobación
como el resultado de años de trabajo legislativo y afirmó que las nuevas
salvaguardias buscan impedir que Nueva York participe en políticas basadas en
el miedo hacia las comunidades inmigrantes.
Las autoridades aclararon que las leyes no eliminan las facultades legales del
ICE ni impiden arrestos o investigaciones respaldadas por órdenes judiciales.
Su alcance se limita a restringir el uso de recursos estatales y locales para
la aplicación de normas migratorias de carácter civil.
