La iniciativa que busca
descontar salarios a los docentes que participen en huelgas ha abierto un
debate jurídico sobre los límites entre el derecho a la protesta laboral
y la obligación de garantizar la continuidad de la enseñanza en las escuelas
públicas.
Mientras algunos especialistas consideran que la medida tiene respaldo legal,
otros advierten que la propuesta no resolvería el problema de fondo y plantean
mecanismos alternativos para proteger simultáneamente los derechos de los
maestros y de los estudiantes.
$ads={1}
La discusión surge luego de que varios legisladores promovieran una propuesta
orientada a aplicar descuentos salariales a los profesores que se ausenten de
las aulas durante paros de docencia.
Jurista defiende legalidad de los descuentos
La abogada Yolemny Cruz sostiene que la iniciativa se encuentra amparada por
la legislación dominicana y entiende que no constituye una violación al
derecho constitucional de protesta.
A su juicio, el hecho de que un trabajador participe en una huelga no impide
que el empleador aplique consecuencias vinculadas a la prestación efectiva del
servicio, especialmente cuando se trata de funciones esenciales para la
sociedad.
La especialista considera que la propuesta puede coexistir con las garantías
constitucionales reconocidas a los trabajadores.
Plantean sanciones distintas a los descuentos
Una posición diferente expresó el abogado Robinson Reyes, quien calificó la
iniciativa como un error desde el punto de vista jurídico y administrativo.
$ads={2}
Según explicó, las interrupciones prolongadas de la docencia afectan
directamente el derecho de los estudiantes a recibir educación, por lo que
entiende que el debate debe enfocarse en mecanismos disciplinarios distintos a
los descuentos salariales.
Reyes sugirió que los gremios recurran a otras formas de protesta que permitan
defender reivindicaciones laborales sin paralizar las actividades educativas.
Sentencias han limitado paros docentes
El debate se desarrolla en un contexto marcado por decisiones judiciales que
han restringido la suspensión de clases en determinadas circunstancias.
En 2023, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia de San Pedro de Macorís ordenó a la seccional de la Asociación
Dominicana de Profesores (ADP) en Consuelo abstenerse de promover paros
durante los días de docencia regular, además de imponer un astreinte por
incumplimiento.
De igual forma, el Tribunal Constitucional ratificó una sentencia emitida en
Barahona en 2017 contra la ADP de esa provincia por la suspensión de
actividades educativas, reforzando el criterio de protección al derecho de los
estudiantes a recibir clases de manera continua.
La controversia mantiene enfrentadas las posiciones sobre cómo equilibrar los
derechos laborales del magisterio con la garantía constitucional de acceso
permanente a la educación.
