El exdirector de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín,
pidió al
Congreso Nacional
detener la aprobación de la propuesta de
modificación a la Ley Orgánica de la institución y someterla a una revisión más amplia antes de continuar
con su trámite legislativo.
El dirigente de la Fuerza del Pueblo calificó la iniciativa como “muy
desafortunada” y advirtió que algunos de sus cambios eliminarían derechos
adquiridos por los agentes y podrían debilitar la estructura de mando
policial.
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Cuestiona pensiones y control financiero de la Policía
Guzmán Fermín expresó reparos sobre la modificación del régimen de pensiones
de los agentes y rechazó la creación de un subdirector general civil con
funciones relacionadas con la administración financiera de la Policía
Nacional.
A su juicio, entregar el manejo de las finanzas a una persona ajena a la
estructura policial afectaría la autoridad interna de la institución.
El exdirector sostuvo que la propuesta legislativa fue presentada con
demasiada rapidez y vinculó esa premura con hechos recientes que involucraron
actuaciones policiales, entre ellos la muerte del joven Darlin Mercado Reyes y
el caso de los pastores asesinados en Villa Altagracia.
Por esa razón, planteó que la iniciativa sea sometida a un estudio más
detenido antes de su conocimiento en el Congreso Nacional.
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Considera limitados los resultados de la reforma policial
Al evaluar el proceso de transformación de la Policía Nacional impulsado por
el Gobierno, Guzmán Fermín consideró que los resultados han sido limitados
después de cinco años de implementación.
No obstante, reconoció como avances el aumento salarial de los agentes y las
mejoras en su formación académica. A su entender, el reto principal continúa
siendo modificar la cultura institucional.
Atribuye fallas al diseño de las políticas públicas
El dirigente de la Fuerza del Pueblo rechazó que exista una resistencia
interna de los policías al proceso de transformación.
Guzmán Fermín atribuyó las deficiencias a las políticas diseñadas desde el
Ministerio de Interior y Policía, institución responsable, según afirmó, de
establecer los planes y programas de prevención de la Policía Nacional.
Su posición plantea que la discusión de la reforma debe centrarse no solo en
modificar la estructura legal de la institución, sino también en revisar el
diseño de las políticas públicas que orientan su transformación.
