El jugador dominicano de Grandes Ligas, Wander Franco (c), y Marta Vanesa Chevalier (c-i), asisten a un juicio este lunes, en el Palacio de Justicia en Puerto Plata (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Hay muchas personas, incluidas las de esta Redacción, que no entendemos cómo se resuelven algunos asuntos judiciales en República Dominicana.

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Nos asombra la arenga de un juez de la Corte de Apelación de Puerto Plata dirigida a la madre de una niña con la cual el pelotero Wander Franco fue hallado culpable de sostener una relación: la señora Martha Vanessa Chevalier Almonte.

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A la señora le fue ratificada una condena de 10 años de prisión por extorsión al pelotero Wander Franco.

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Al pelotero, acusado de abuso sexual contra una menor de edad, lo encontraron culpable, pero no irá a prisión, alegando el Juez que “fue víctima de extorsión por parte de la madre de la niña”.

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Después de dictarse la sentencia suspensiva de prisión contra Franco y la condena de la madre de la menor, ocurrió algo insólito, aunque pueda ser legal: nadie entiende cómo el inculpado sale en libertad teniendo sobre sus hombros dos hechos graves, el abuso a una menor y el pago realizado para tratar de salir del caso, lo que precisamente dio origen a la extorsión.

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Pero lo más alarmante es la expresión del juez de que “eso debió resolverse en familia”. La función del magistrado es administrar justicia y ser un factor de equilibrio en la sociedad.

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¿Se convirtió el juez en comentarista de un caso fuera de su competencia jurisdiccional? ¡Ofrézcome!