El
presidente Luis Abinader reforzó este miércoles su discurso de institucionalidad al sellar un
acuerdo con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), en un
momento marcado por debates sobre reformas, transparencia y confianza
ciudadana en las instituciones públicas.
Durante el acto, el mandatario defendió la participación activa de la sociedad
civil y aseguró que su gobierno no considera las críticas ciudadanas como un
obstáculo para gobernar.
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“Este gobierno cree profundamente en el valor de una sociedad civil activa,
crítica y comprometida”, afirmó Abinader al presentar el convenio junto a
representantes de FINJUS.
El acuerdo busca impulsar iniciativas relacionadas con fortalecimiento
democrático, desarrollo institucional y modernización jurídica del país.
La alianza apunta al corazón de las reformas
Abinader sostuvo que la República Dominicana necesita responder al clima de
desconfianza que afecta a muchas democracias fortaleciendo sus instituciones y
ampliando los espacios de diálogo.
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Según explicó, el convenio permitirá incorporar asesoría técnica y jurídica
desde la sociedad civil hacia el Poder Ejecutivo, en medio de los procesos de
actualización del marco legal dominicano.
El jefe de Estado definió el pacto como una “alianza madura y necesaria” entre
el Gobierno y sectores independientes, insistiendo en que gobernar implica
escuchar y abrir canales de participación.
FINJUS reivindica su peso en las reformas del país
El presidente de
FINJUS, Rafael del
Toro Gómez, aseguró que la entidad asume el acuerdo como parte de su
compromiso histórico con la democracia y la institucionalidad.
Recordó que la organización ha participado desde 1990 en reformas vinculadas a
independencia judicial, acceso a la información pública, seguridad ciudadana,
defensa pública y combate a la corrupción.
Del Toro Gómez afirmó que el convenio con la Consultoría Jurídica del Poder
Ejecutivo fortalece la continuidad de los cambios institucionales promovidos
por FINJUS durante las últimas décadas.
La firma del acuerdo ocurre mientras el Gobierno intenta consolidar una agenda
centrada en transparencia y modernización estatal, temas que siguen bajo
presión del debate público y político.
