El
llamado a paro de jueces frente a la Suprema Corte de Justicia comenzó a generar preocupación en el
Congreso Nacional, donde diputados advirtieron que una paralización del sistema judicial
podría agravar el clima de presión económica que enfrenta el país por la
crisis internacional.
Aunque reconocieron como válidas las reclamaciones salariales y laborales del
sector judicial, varios legisladores sugirieron aplazar las protestas y
priorizar el diálogo con el Consejo del Poder Judicial.
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El diputado Luis Gómez afirmó que los jueces deberían intentar una
conciliación antes de ejecutar una suspensión de labores y consideró que el
contexto actual obliga a todos los sectores a actuar con prudencia.
“Las demandas son justas, pero posiblemente el momento no sea el indicado”,
sostuvo el legislador al referirse al impacto económico derivado del conflicto
en Medio Oriente.
Diputados empujan discusión hacia el presupuesto 2027
El congresista Danilo Díaz planteó que las reivindicaciones salariales del
sector judicial podrían discutirse dentro de la formulación presupuestaria de
2027, argumentando que el presupuesto actual ya está comprometido.
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Según explicó, aunque los jueces merecen condiciones dignas por la
responsabilidad que asumen dentro del sistema de justicia, el escenario
económico internacional limita el margen financiero del Estado.
En la misma línea, Abelardo Rutinel defendió el manejo económico del Gobierno
y aseguró que cualquier mejora salarial debe analizarse junto a una futura
discusión fiscal que permita responder a múltiples demandas sociales.
El legislador insistió en que reclamar mejores condiciones es legítimo, pero
llamó a colocar por delante la estabilidad institucional y económica del país.
El conflicto judicial sigue abierto
Los jueces mantienen su convocatoria a suspensión de labores luego del fracaso
de las conversaciones sostenidas con el Consejo del Poder Judicial.
El sector denuncia sobrecarga laboral, precariedad operativa y riesgos
constantes en el ejercicio de sus funciones, especialmente en tribunales de
paz donde, según explican, un solo juez puede asumir tareas correspondientes a
varias jurisdicciones.
La tensión ocurre mientras el Poder Judicial intenta sostener la continuidad
de los servicios y acelerar medidas internas relacionadas con salarios,
infraestructura y movilidad dentro de la carrera judicial.
