Santo Domingo.– El exfiscal Ybo René Sánchez Díaz y el abogado Manuel Sierra aseguraron este miércoles que el expediente del denominado caso “Calamar” contra el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, presenta serias irregularidades jurídicas y responde a una alegada persecución política promovida desde sectores del poder.

Ambos juristas sostuvieron que la acusación elaborada por el Ministerio Público carece de fundamentos sólidos y de pruebas directas que comprometan al exfuncionario con los hechos que se le atribuyen.

Indicaron que, tras revisar el expediente, no encontraron evidencias que permitan sustentar un eventual juicio contra Peralta, ya que —según afirmaron— ninguna de las pruebas lo vincula de manera directa con los supuestos actos ilícitos señalados en el proceso.

Explicaron además que el expediente está compuesto por numerosos documentos e informes que, a su entender, no guardan relación con conductas penales ni establecen responsabilidad concreta del exministro.

Cuestionan nombre del caso y alegan vulneración de derechos
Los abogados también criticaron la utilización del nombre “Calamar” para identificar el proceso judicial, alegando que dicha práctica fue rechazada por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0225/25, que ordena eliminar el uso de nombres de animales en expedientes penales por considerar que afecta la dignidad y el principio de presunción de inocencia de los imputados.

Según expresaron, esa denominación ha perjudicado la imagen pública de Peralta y de otros acusados, quienes aseguran mantenían una trayectoria profesional y personal intachable antes de ocupar funciones públicas.

“José Ramón Peralta es un empresario de larga trayectoria y un exfuncionario que nunca había sido expuesto públicamente de esta manera. Aquí lo que existe es una persecución política articulada entre sectores gubernamentales y representantes del Ministerio Público”, manifestaron.

Denuncian presunta persecución desde 2020
Sánchez Díaz y Sierra afirmaron que desde agosto de 2020 se habrían coordinado acciones entre dirigentes del Gobierno y miembros del Ministerio Público para impulsar procesos contra exfuncionarios ligados al expresidente Danilo Medina.

A su juicio, Peralta ha sido blanco de ataques y descrédito político debido a la cercanía que mantuvo con Medina y a las funciones que desempeñó durante la pasada gestión gubernamental.

Asimismo, consideraron que el Ministerio Público ha actuado con prejuicios y ha presentado una exposición “confusa y excesiva” durante la audiencia preliminar, destacando que el exministro defendió ante el tribunal su honorabilidad y reiteró que el expediente carece de pruebas concluyentes.

Defensa pide nulidad del proceso
Finalmente, la defensa solicitó al tribunal declarar la nulidad del proceso, tomando como referencia la sentencia TC/0225/25 del Tribunal Constitucional.

Los abogados insistieron en que esa decisión sienta un precedente sobre el uso de denominaciones consideradas discriminatorias en procesos penales y señalaron que el caso debe ser anulado conforme a ese criterio.

El proceso judicial involucra a varios exfuncionarios acusados de presuntos actos de corrupción administrativa durante la pasada administración gubernamental.