La crisis dentro del sistema judicial dominicano salió este jueves de
los tribunales y pasó a las calles.
Jueces, juezas y servidores judiciales denunciaron públicamente precariedad
laboral, bajos salarios, sobrecarga de trabajo y abandono institucional, en una
protesta que eleva la presión sobre el
Consejo del Poder Judicial.
A través del “Manifiesto por la dignidad de la justicia”, los firmantes
aseguraron que las condiciones actuales están deteriorando la calidad del
servicio judicial y empujando al sistema hacia un punto crítico.
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El documento denuncia falta de personal, renuncias constantes, inseguridad en
los palacios de justicia y una carga laboral que obliga a empleados y
magistrados a asumir tareas múltiples sin apoyo suficiente.
Acusan gastos excesivos mientras tribunales colapsan
Los manifestantes también cuestionaron el manejo del presupuesto del
Poder Judicial, señalando presuntos gastos elevados en viajes, actividades, publicidad y
decoración, mientras persisten carencias básicas en tribunales y oficinas
judiciales.
Según expresaron, las respuestas ofrecidas hasta ahora por el Consejo del
Poder Judicial no resuelven los problemas estructurales que arrastra el
sistema desde hace años.
Entre los reclamos más fuertes figura la falta de medidas concretas para
corregir desigualdades salariales, eliminar la suplencia horizontal y reducir
la sobrecarga operativa que afecta a jueces y servidores.
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Las propuestas del Consejo no convencen
El conflicto se intensificó después de que el Consejo presentara el pasado 19
de mayo una propuesta de indexación salarial ligada a la aprobación de un
presupuesto complementario.
Los protestantes calificaron esa iniciativa como imprecisa y sin garantías de
ejecución, al igual que la hoja de ruta sobre movilidad judicial, que -según
afirman- carece de fechas y acciones específicas.
“Esto apenas es el inicio”, advirtieron en el manifiesto, dejando abierta la
posibilidad de nuevas jornadas de presión dentro del sistema judicial.
Con el lema “Que la dignidad comience por casa”, jueces y servidores sostienen
que no puede existir justicia eficiente mientras quienes la administran
trabajan bajo precariedad y desgaste permanente.
