La controversia por las nuevas reglas sobre encuestas electorales escaló este
martes luego de que la firma
ASISA Research Group
acusara a la
Junta Central Electoral (JCE) de imponer restricciones que, según
afirmó, afectan libertades fundamentales y concentran un poder excesivo sobre
la información política.
La empresa cuestionó especialmente la
prohibición de publicar encuestas
fuera del período de precampaña, establecida en el artículo 13 del reglamento
aprobado por la JCE el pasado 22 de mayo de 2026.
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Según ASISA, la medida no regula aspectos técnicos ni metodológicos,
sino el acceso de los ciudadanos a información sobre la realidad política
nacional.
ASISA advierte “asimetría antidemocrática”
En una comunicación enviada a la Asociación Dominicana de Empresas de
Investigación de Mercado y de Opinión Pública (ADEIMO), la firma sostuvo que
el reglamento genera ventajas para sectores políticos con mayores recursos.
La empresa criticó que las organizaciones partidarias puedan contratar
estudios para uso interno antes de la precampaña, mientras la ciudadanía queda
impedida de conocer esos resultados.
“Los actores políticos con recursos pueden conocer la opinión pública
mientras el ciudadano no puede acceder a esa misma información”, expresó
ASISA.
La firma cuestiona poder de la JCE sobre encuestadoras
Otro de los puntos objetados fue el sistema de registro y habilitación de
firmas encuestadoras, que otorga al Pleno de la
Junta Central Electoral (JCE) facultades para decidir qué empresas pueden realizar estudios electorales.
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ASISA advirtió que la combinación entre restricciones de publicación,
sanciones y control sobre registros crea un “control sin precedentes” sobre el
ecosistema de información electoral.
La firma también criticó que el reglamento privilegie
encuestas presenciales y telefónicas, dejando fuera metodologías digitales que asegura
cuentan con validación internacional.
Piden revisión del reglamento y debate técnico
ASISA solicitó a ADEIMO liderar una respuesta institucional junto a
universidades, medios de comunicación y organizaciones civiles para pedir la
revisión de los artículos cuestionados.
La empresa insistió en que el debate definirá el modelo de acceso a la
información electoral en los próximos procesos políticos del país.
