Santo Domingo. El abogado constitucionalista Julio Cury afirmó que el proceso judicial contra el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dentro del caso Calamar, responde a una estrategia que, a su juicio, busca afectar la imagen del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la población.

Cury sostuvo que el Ministerio Público ha concentrado gran parte de sus investigaciones de corrupción en antiguos funcionarios vinculados al PLD, lo que considera un enfoque desigual dentro de la persecución penal.

“A nadie le cabe duda de que el motor del proceso seguido contra José Ramón Peralta ha sido la fabricación interesada de culpables en hechos en los que no participó o que ni siquiera constituyen infracciones penales”, expresó el jurista.

A través de su cuenta en X, antigua Twitter, Julio Cury manifestó que Peralta ha sido objeto de un trato “asimétrico” por parte de la Procuraduría General de la República, señalando que las acciones judiciales buscan “inhabilitar moralmente” al PLD frente al electorado.

Para este viernes se espera que la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, emita su decisión sobre el proceso del caso Calamar.

Durante la audiencia preliminar, José Ramón Peralta aseguró que nunca fue interrogado formalmente por las autoridades, alegando que eso representa una violación a sus derechos constitucionales.

En esa misma audiencia, la defensa del exfuncionario cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y calificó el expediente como un ejemplo del deterioro del estándar probatorio en los procesos penales.

Los abogados de Peralta sostienen que no basta con presentar grandes cantidades de documentos o expedientes para justificar una acusación penal, y afirmaron que detrás del caso existe un componente político, aunque insistieron en que el análisis debe centrarse únicamente en aspectos jurídicos.

“No se trata de fabricar culpables ni de satisfacer expectativas mediáticas; se trata de acusar solo a quienes realmente hayan cometido un delito y demostrarlo con pruebas suficientes”, argumentó la defensa.

Asimismo, indicaron que muchas de las evidencias depositadas no tendrían relación directa con José Ramón Peralta y señalaron que algunos documentos fueron incluidos de manera repetitiva para dar la impresión de un mayor volumen probatorio.

La defensa también criticó que el Ministerio Público intentara sostener una acusación de estafa contra el Estado sin presentar, según alegan, pruebas concretas que vinculen al exministro con actos ilícitos.

Además, recordaron el precedente del caso Antipulpo, donde varias personas enviadas a juicio terminaron siendo descargadas por falta de pruebas, insistiendo en la necesidad de que los jueces actúen con rigor frente a expedientes débiles.

Finalmente, los abogados de José Ramón Peralta afirmaron que desde el año 2021 las autoridades investigaron de manera exhaustiva su entorno económico, familiar y social sin encontrar evidencias que lo comprometan penalmente.