Pude utilizar, más no lo hice, cualquiera de los sinónimos conocidos en español del término necesaria, como esencial, indispensable, imperiosa, forzosa, obligatoria, ineludible, fatal, primordial, importante, útil y provechosa, pero jamás su antónimo “inútil”, porque el reciente paro nacional pacífico de jueces y servidores del sistema judicial no podía dejar de ser o suceder.
Creo que hacía falta que, en un hecho sin precedentes en la historia nacional, más de 500 jueces y trabajadores judiciales paralizaran temporalmente sus labores con el fin de mostrar la cruda realidad vivida, pero ignorada: de los tres poderes del Estado dominicano, el Judicial es el peor pagado en comparación a los Legislativo y Ejecutivo.
A pesar de ciertos reajustes recientes, todavía se ejecuta el presupuesto público con una clara desigualdad respecto al Poder Judicial, pues senadores y diputados cobran sumas fabulosas, las que incluyen graciosas dispensas, a saber: “barrilitos, cofrecitos y cochecitos”, mientras los del Poder Ejecutivo, léase ministros, directores generales y hasta jefes departamentales, devengan emolumentos fastuosos.
Los jueces y empleados huelguistas reclaman aumento salarial, mejores condiciones laborales, reducción del volumen de trabajo, movilidad dentro del sistema judicial para mejorar la eficiencia de los tribunales, ampliación de la infraestructura y mayor protección en materia de salud.
Y tienen razón, porque los jueces y juezas constituyen el alma del Poder Judicial dominicano, puesto que administran justicia gratuitamente, conforme al artículo 149 de la Constitución, en nombre de la República a través de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales legalmente creados.
Tanto la legislación, la tradición y la sociedad exigen a estos magistrados una entrega casi absoluta al cumplimiento de sus deberes y obligaciones, debido a que la función de juez es únicamente compatible con la docencia y están sujetos a un riguroso régimen de responsabilidad y rendición de cuentas al Poder Judicial.
En resguardo al decoro, el Código de Procedimiento Ético del Poder Judicial prohíbe a los jueces recibir otras retribuciones por sus servicios que las establecidas por las normas vigentes. No pueden recibir dádivas, obsequios o atención en ocasión del desempeño de su cargo, excepto aquellas atenciones de mera cortesía.
Nuestros jueces no pueden endeudarse más allá de toda duda razonable, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de sus necesidades, montos de sus ingresos y los porcentajes de retención autorizados por la ley. En una palabra: cualquier endeudamiento sin causa justificada, del juez o jueza, para un observador razonable pone en crisis la realización del decoro profesional. Y esto es material y moralmente peligroso.
Con jueces mal pagados y carentes de condiciones dignas de trabajo, el sistema de justicia pende jurídica y moralmente de un hilo, queda abierto al soborno, a la compra y venta de sentencias y a la corrupción generalizada.
En gran medida el sistema de justicia ha avanzado en sentido material e institucional, muestra de ello es el recién inaugurado Palacio de Justicia de la Provincia Santo Domingo; es una obra de arte que irradia la dignidad de la magistratura dominicana, más los nuevos códigos vigentes.
Finalmente, creo que el pliego de reclamos de los jueces debe ser atendido por el Consejo del Poder Judicial, antes de que sea demasiado tarde.
