La
devolución del visado estadounidense a Gonzalo Castillo abrió un nuevo frente político entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
y el oficialismo. La organización opositora asegura que el hecho desmonta
años de “persecución política” y reaviva dudas sobre el uso del sistema
judicial contra dirigentes opositores.
José Dantés Díaz, titular de la
Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD, afirmó que tanto la restitución del visado como las recientes declaraciones
de la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, confirman denuncias
históricas del partido sobre supuestos abusos institucionales.
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El dirigente sostuvo que durante años se promovieron campañas mediáticas y
judiciales para destruir reputaciones políticas antes de que existieran
decisiones definitivas de los tribunales.
PLD eleva presión tras declaraciones de embajadora
Dantés calificó como “sumamente graves” las declaraciones de Leah Campos,
quien advirtió recientemente que la revocación de visados estadounidenses no
debe utilizarse como herramienta política.
A juicio del dirigente peledeísta, las palabras de la diplomática reabren el
debate sobre la independencia judicial y el uso de mecanismos administrativos
contra opositores en República Dominicana.
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El
miembro del Comité Político del PLD insistió en que muchas narrativas impulsadas desde sectores oficiales
comienzan a debilitarse frente a decisiones que, según dijo, evidencian
motivaciones políticas detrás de algunos procesos.
El PLD insiste en “judicialización selectiva”
José Dantés Díaz aseguró que el PLD nunca ha rechazado la lucha contra la
corrupción, pero advirtió que ningún proceso puede desarrollarse violando
garantías constitucionales, debido proceso o presunción de inocencia.
También defendió la necesidad de separar justicia y política para evitar
retaliaciones contra dirigentes opositores.
El jurista afirmó que el país debe reflexionar sobre los efectos que
determinadas actuaciones tuvieron sobre la institucionalidad y la convivencia
democrática en los últimos años.
Las declaraciones colocan nuevamente en el centro del debate político los
expedientes judiciales vinculados a exfuncionarios peledeístas y el alcance de
las decisiones internacionales relacionadas con esos casos.
