La resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que
restringe la publicación de encuestas
fuera de los períodos establecidos por la ley ya enfrenta una batalla judicial
que podría redefinir los límites de la regulación electoral en República
Dominicana.
El abogado Harrison Feliz, en representación de la Fundación Justicia
sin Fronteras, presentó un recurso de amparo preventivo ante el
Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Superior Administrativo (TSA)
para intentar frenar la aplicación de la medida.
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Alegan violación a la libertad de expresión
El jurista sostiene que la disposición emitida por la
JCE vulnera derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión y el
acceso a la información.
Según argumenta, el
organismo electoral
carece de facultades legales para impedir la difusión de estudios y mediciones
electorales, por lo que considera que la resolución excede las atribuciones
que le otorga la normativa vigente.
La acción judicial busca que los tribunales examinen la legalidad de la
decisión y determinen si la misma afecta derechos constitucionales.
Encuestadoras también serían perjudicadas
Feliz afirmó que la medida no solo impacta a los ciudadanos interesados en
conocer estudios de opinión pública, sino también a las empresas dedicadas a
la elaboración de encuestas.
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A su juicio, la restricción limita el desarrollo de actividades comerciales y
profesionales vinculadas a la investigación de mercados y estudios
electorales.
El abogado entiende que la resolución genera obstáculos para un sector
económico que opera dentro del marco legal y que ofrece información de interés
público.
Buscan suspender la aplicación de la resolución
Mediante el recurso de amparo preventivo, la Fundación Justicia sin Fronteras
procura evitar que la disposición continúe ejecutándose mientras se conoce el
fondo del proceso.
La controversia surge en medio del intenso debate nacional provocado por la
decisión de la JCE, que ha recibido respaldo de algunos sectores y
cuestionamientos de otros que consideran la medida una limitación a derechos
fundamentales.
