No ha lugar para Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta; Donald Guerrero a juicio de fondo
El
caso Calamar registró este viernes una decisión que redefine por completo el panorama
judicial del expediente: el exministro de Obras Públicas
Gonzalo Castillo quedó liberado de cargos, mientras el exministro de
Hacienda Donald Guerrero enfrentará un juicio de fondo por presuntos
actos de corrupción.
La resolución fue emitida por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado
de la Instrucción del Distrito Nacional, al concluir la fase preliminar de uno
de los procesos más emblemáticos de los últimos años.
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Tribunal dicta no ha lugar para Castillo y Peralta
La magistrada otorgó auto de
no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Daniel
Guerrero Mena, hijo del exministro Donald Guerrero.
Con esta decisión, los tres quedan desvinculados del expediente, al considerar
el tribunal que no existen méritos suficientes para enviarlos a juicio de
fondo dentro del proceso conocido como caso Calamar.
El fallo representa un revés para parte de la acusación presentada por el
Ministerio Público.
Donald Guerrero y Ángel Lockward deberán sentarse en el banquillo
A diferencia de los beneficiados con el no ha lugar, la jueza ordenó la
apertura a juicio contra Donald Guerrero, al entender que los señalamientos
formulados por el Ministerio Público deben ser debatidos en una fase de fondo.
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Junto al exministro también fueron enviados a juicio el abogado Ángel Lockward
y sus empresas, además de Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García
Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly
Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán y Luis Miguel Piccirilo.
Será en esa etapa donde un tribunal evaluará las pruebas y determinará la
responsabilidad penal o inocencia de cada imputado.
Concluye una fase clave del mayor expediente de corrupción
El Ministerio Público sostiene que los acusados formaban parte de una
estructura que habría realizado pagos irregulares con recursos públicos
mediante procesos vinculados a expropiaciones de terrenos.
Las autoridades han catalogado el caso Calamar como uno de los expedientes de
presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años por el
volumen de recursos investigados y la cantidad de exfuncionarios involucrados.
La decisión de este viernes marca el cierre de la etapa preliminar y abre una
nueva batalla judicial para quienes deberán enfrentar el juicio de fondo.
