La presión sobre la cárcel Delaney Hall, en Nueva Jersey, escaló tras
las
denuncias de hacinamiento, hambre y supuestos abusos contra inmigrantes detenidos, mientras el congresista Adriano Espaillat reclama el cierre del
centro y
Donald Trump desacredita las protestas de familiares.
Decenas de personas permanecen frente a la prisión denunciando condiciones
inhumanas para los detenidos, en medio de episodios de tensión y violencia
registrados durante las manifestaciones.
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Trump niega abusos y llama “farsantes” a manifestantes
El presidente de Estados Unidos aseguró que las denuncias sobre el trato a los
inmigrantes carecen de credibilidad y afirmó que las protestas están
organizadas por personas pagadas.
“Todos están pagados, tenemos las mejores instalaciones de este tipo en todo
el mundo”, declaró Trump al rechazar las acusaciones sobre la situación dentro
de Delaney Hall.
Sin embargo, familiares de los detenidos insisten en que la alimentación es
deficiente, existen restricciones médicas y persisten condiciones de
hacinamiento extremo.
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Espaillat denuncia huelga de hambre y trato degradante
El congresista de origen dominicano y presidente del
Caucus Hispano del Congreso (CHC)
visitó la prisión esta semana tras obtener acceso mediante una orden judicial
que obliga a Inmigración a permitir supervisión congresual.
Espaillat aseguró haber encontrado detenidos bajo intimidación, temor a
represalias y servicios médicos “horribles”, además de una huelga de hambre
que involucra a unas 300 personas, entre ellas algunos dominicanos.
El legislador calificó las condiciones dentro del centro como “crueles,
inhumanas e intolerables”.
Gobernadora de NJ no pudo ingresar a la prisión
Durante las inspecciones también acudieron el senador federal Andy Kim y el
congresista Rob Méndez.
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, intentó visitar las
instalaciones, pero ICE le negó el acceso al recinto, aumentando las críticas
sobre la falta de transparencia en el manejo del centro migratorio.
Tras la visita, Espaillat anunció que impulsará la Ley del Derecho de los
Gobernadores a Inspeccionar, iniciativa que busca eliminar restricciones
legales para supervisar centros de detención dentro de sus estados.
