Casi un año después de que se dictara
sentencia contra Juan Alexis Medina Sánchez, el proceso permanece estancado en una fase administrativa que impide
el avance de las apelaciones y mantiene uno de los expedientes de corrupción
más relevantes del país sin fecha para una nueva audiencia.
Aunque el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó al hermano
del expresidente Danilo Medina a siete años de prisión el 14 de agosto de
2025, el expediente todavía no ha sido remitido a la Presidencia de la Cámara
Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
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La demora bloquea el conocimiento formal de los recursos presentados tanto por
el Ministerio Público como por la defensa de los imputados.
Las apelaciones siguen sin poder conocerse
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(Pepca) y los abogados de Juan Alexis Medina Sánchez depositaron sus recursos
de apelación en febrero de este año.
El Ministerio Público busca revertir los descargos emitidos a favor de 13
acusados, entre ellos Carmen Magalys Medina, hermana del exmandatario.
Mientras tanto, la defensa, representada por Wendy Lora y Omar Chapman,
procura la anulación total de la condena impuesta a Medina Sánchez.
Un expediente gigantesco retrasa el proceso
La complejidad documental del caso ha sido uno de los principales factores que
han ralentizado el avance judicial.
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La sentencia íntegra tardó más de tres meses en ser redactada debido a su
volumen, superando las 10,800 páginas en formato digital. La entrega oficial a
las partes se realizó a finales de noviembre de 2025 mediante dispositivos
USB.
Sin embargo, el traslado definitivo del expediente continúa pendiente.
Sin expediente, no hay tribunal ni audiencia
Hasta que el Segundo Tribunal Colegiado complete la remisión física y digital
de todos los documentos, pruebas y folios, la Corte de Apelación no podrá
realizar el sorteo para designar el tribunal que conocerá el caso.
Tampoco será posible fijar la fecha de la primera audiencia para revisar la
sentencia.
La situación mantiene congelado el proceso en una etapa burocrática que impide
avanzar hacia la revisión judicial de un caso considerado emblemático en la
lucha contra la corrupción administrativa en República Dominicana.
Mientras las partes esperan que se complete el traslado del expediente, la
condena y las apelaciones continúan atrapadas en un trámite que prolonga la
incertidumbre sobre el futuro judicial de los involucrados.
