La
reforma al Código de Trabajo
enfrenta nuevas objeciones del sector empresarial. El
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la
Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) solicitaron a la Cámara de Diputados una revisión exhaustiva del proyecto al
considerar que su redacción actual excluye acuerdos construidos durante años
de negociaciones entre empleadores, trabajadores y el Gobierno.
En una comunicación enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo
Pacheco, ambas entidades advirtieron que algunas disposiciones de la
iniciativa podrían afectar la competitividad de las empresas, desalentar
inversiones y limitar la creación de empleos formales.
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Empresarios reclaman respeto a consensos alcanzados
La carta, suscrita por Celso Juan Marranzini, presidente de
CONEP, y Laura Peña Izquierdo, presidenta de
COPARDOM, reconoce la necesidad de actualizar la legislación laboral dominicana, pero
sostiene que el proyecto no incorpora plenamente los acuerdos logrados durante
más de una década de diálogo tripartito.
Los gremios recordaron que el proceso de discusión involucró a representantes
del sector empresarial, organizaciones sindicales y autoridades
gubernamentales, por lo que entienden que los consensos alcanzados deben
reflejarse en la versión final de la reforma.
Alertan sobre costos y competitividad
Las organizaciones expresaron preocupación por la inclusión de medidas que,
según plantean, podrían aumentar las cargas de cumplimiento para las empresas
y generar efectos adversos sobre el mercado laboral.
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También señalaron que aspectos considerados esenciales para modernizar las
relaciones de trabajo y mejorar la productividad no fueron incorporados al
proyecto que actualmente estudian los legisladores.
Piden diálogo técnico antes de la aprobación
CONEP y COPARDOM destacaron que el debate ocurre en un contexto donde la
informalidad laboral supera el 50 %, por lo que consideran indispensable que
cualquier modificación al Código de Trabajo contribuya a fortalecer el empleo
formal y la competitividad nacional.
Las entidades solicitaron una reunión con los diputados para presentar sus
observaciones y defendieron la necesidad de mantener un proceso participativo
y sustentado en criterios técnicos antes de aprobar la reforma.
A su juicio, una legislación laboral sostenible debe equilibrar la protección
de los trabajadores, la generación de empleos formales, la seguridad jurídica
y el crecimiento económico.
