La
Ley 30-26, presentada por el Gobierno como una
respuesta para enfrentar la crisis económica internacional, enfrenta
fuertes cuestionamientos de economistas y analistas, quienes sostienen
que la normativa aumentará los costos para hogares y empresas, afectará la
competitividad y no corrige los problemas estructurales de las finanzas
públicas.
Uno de los cambios más discutidos es el incremento del impuesto sobre cheques
y transferencias electrónicas, que pasó de 1.5 por mil a 2.0 por mil. Aunque
la ley mantiene exenciones para determinadas operaciones, especialistas
advierten que el mayor costo recaerá sobre quienes utilizan el sistema
financiero formal.
$ads={1}
Advierten mayor carga para empresas y consumidores
Miguel Collado Di Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas
Sostenibles (CREES), afirmó que la Ley 30-26 tendrá un impacto negativo sobre
hogares y empresas al elevar el costo de vivir y hacer negocios.
Desde el sector empresarial, Andrés Dauhajre hijo calificó la normativa como
un “dinosaurio impositivo” y sostuvo que la carga tributaria podría resultar
proporcionalmente mayor para pequeños negocios que para grandes empresas. En
la misma línea, Luis Vargas consideró que la legislación desincentiva el
crecimiento económico y cuestionó su coherencia con la Estrategia Nacional de
Desarrollo.
El gasto público centra parte de las críticas
Los especialistas también señalan que la legislación no enfrenta el problema
que consideran de fondo: el déficit fiscal estructural. La economista Ellen
Pérez Ducy indicó que el desbalance de las cuentas públicas no responde
únicamente al contexto internacional, sino a factores internos que requieren
reformas más profundas.
$ads={2}
Varios analistas plantean que, antes de aumentar la carga tributaria, el
Gobierno debería revisar el gasto público y priorizar medidas que fortalezcan
la sostenibilidad fiscal.
Piden revisar la ley y fortalecer la competitividad
Entre las propuestas planteadas figuran una revisión de la Ley 30-26, un mayor
control del gasto público, reformas que impulsen la competitividad y una
evaluación integral del sistema tributario con participación de los sectores
productivos.
Los economistas advierten que el aumento del costo de las transacciones
bancarias también podría desincentivar la bancarización y favorecer el regreso
de parte de la actividad económica a la informalidad, en un momento en que la
República Dominicana compite por atraer nuevas inversiones.
