El
proceso para validar y reconocer deudas pendientes con contratistas del
Estado entró en una nueva etapa tras la
aprobación del protocolo que regulará la revisión de los expedientes
contemplados en la Ley 16-26. La medida permitirá iniciar la evaluación de
reclamaciones antes de autorizar cualquier pago.
El documento fija los criterios técnicos, procedimientos y requisitos que
deberán cumplir los expedientes presentados por personas físicas y jurídicas
que reclaman pagos por obras ejecutadas con o sin contrato formal para
instituciones públicas desde 1996.
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Comisión verificará cada reclamación antes de autorizar pagos
La comisión, integrada por representantes del Ministerio de Hacienda y
Economía, la Contraloría General de la República, la Dirección General de
Presupuesto y la Dirección General de Contrataciones Públicas, analizará y
depurará cada expediente para determinar si cumple con las exigencias de la
Ley 16-26.
Solo las solicitudes que superen el proceso de validación podrán avanzar a la
fase de autorización de desembolsos.
Más de 600 contratistas podrían acogerse al proceso
La Ley 16-26, promulgada el 1 de mayo de 2026, creó el mecanismo para
reconocer deudas generadas por obras ejecutadas para el Estado que quedaron
pendientes por razones administrativas, incluidos casos sin contratos
formalizados o con documentación incompleta.
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Según los datos presentados durante la discusión de la norma, más de 600
personas físicas y jurídicas podrían participar. Entre las instituciones con
reclamaciones figuran el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de
Educación, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA),
el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Corporación del
Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y la desaparecida Oficina
de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
