La
ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este lunes que cualquier agente policial que incurra en una
actuación contraria a la ley deberá responder por sus actos, al reiterar que
ningún miembro de la institución está por encima de la ley.
Durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana,
encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, la funcionaria sostuvo que la
transformación de la Policía Nacional constituye uno de los principales
procesos de fortalecimiento institucional impulsados por el Gobierno,
orientado a elevar los niveles de supervisión, transparencia y rendición de
cuentas dentro de la institución.
$ads={1}
“Si la Policía actuó mal, tiene que tener una sanción”, expresó Raful, al
enfatizar que “no vamos a apañar ni someter a la impunidad a nadie que haya
violentado la ley dentro de una institución”. En ese sentido, aseguró que toda
actuación que comprometa la responsabilidad de un agente debe ser investigada
y enfrentará las consecuencias correspondientes conforme al marco legal.
La ministra explicó que la reforma policial representa un cambio estructural
en una institución que durante décadas no había sido sometida a un proceso de
transformación de esta magnitud. Señaló que este esfuerzo requiere fortalecer
los controles, corregir debilidades y consolidar una Policía más profesional,
transparente y cercana a la ciudadanía, con una labor preventiva orientada a
proteger vidas y garantizar la seguridad pública.
En ese mismo marco de fortalecimiento institucional, y en relación con las
protestas ciudadanas, Raful reafirmó el compromiso del Gobierno con el
ejercicio democrático y el derecho de la ciudadanía a expresarse
pacíficamente. Manifestó que la responsabilidad de las autoridades es escuchar
las inquietudes de la población y trabajar para atender sus demandas dentro
del marco institucional y el respeto a la ley.
$ads={2}
Asimismo, explicó que el proyecto de nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional
fortalecerá los mecanismos de supervisión sobre los agentes al
institucionalizar los protocolos de evaluación, regular por primera vez el uso
de la fuerza y robustecer los controles internos para garantizar mayores
niveles de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función
policial.
Raful reiteró que transformar una institución con más de nueve décadas de
historia implica asumir decisiones difíciles y sostener un proceso permanente
de evaluación y mejora.
“Este Gobierno asumió el compromiso, la responsabilidad y el costo que
conlleva esa transformación”, afirmó, al asegurar que el objetivo es
fortalecer la confianza ciudadana mediante una institución policial más
profesional, transparente y plenamente sometida al imperio de la ley.
