La transformación de una de las zonas turísticas más importantes del país y el
fortalecimiento de las políticas frente al cambio climático recibirán un
impulso financiero de gran escala. El
Senado de la República autorizó este martes
dos préstamos internacionales por un monto combinado de 600 millones de
dólares.
Los recursos estarán destinados a financiar proyectos estratégicos vinculados
a resiliencia climática, abastecimiento de agua potable, saneamiento y
reutilización de aguas residuales.
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La mayor partida corresponde a una operación de 400 millones de dólares que
será ejecutada por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
(Inapa) para desarrollar nuevas infraestructuras en el polo turístico de Punta
Cana-Bávaro.
Punta Cana-Bávaro concentrará la mayor inversión
El financiamiento, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
permitirá ejecutar la tercera fase del programa de saneamiento y reúso de
aguas residuales en la provincia La Altagracia.
La iniciativa busca ampliar el acceso al agua potable, fortalecer los sistemas
de alcantarillado y proteger los recursos acuíferos que sustentan una de las
principales economías turísticas del Caribe.
Según el convenio aprobado, el proyecto también contribuirá a mejorar
indicadores de salud pública y a reducir la presión ambiental sobre la zona.
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US$200 millones para enfrentar los desafíos climáticos
El segundo acuerdo de financiamiento asciende a 200 millones de dólares y será
otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Los fondos servirán como apoyo presupuestario para fortalecer las políticas
públicas orientadas a la acción climática y aumentar la capacidad de respuesta
del país frente a fenómenos asociados al cambio climático.
La operación permitirá respaldar programas de adaptación, resiliencia y
sostenibilidad impulsados por el Gobierno en distintas áreas estratégicas.
Los convenios pasan ahora al Poder Ejecutivo
Tras recibir la aprobación del Senado, ambos acuerdos avanzan a la siguiente
etapa del proceso legislativo.
Los convenios serán remitidos al Poder Ejecutivo para que el presidente Luis
Abinader decida su promulgación u observación, conforme a los procedimientos
establecidos por la legislación dominicana.
