La
entrada en vigor del nuevo Código Penal y el Código Procesal Penal ha
encendido las alarmas en el sector salud. El
Colegio Médico Dominicano (CMD) sostiene que las nuevas
disposiciones podrían transformar errores médicos no intencionales en
procesos penales, generando efectos directos sobre la atención a los pacientes.
El gremio considera que las leyes 74-25 y 97-25 crean un escenario de
inseguridad jurídica para los profesionales de la salud, al ampliar la
posibilidad de que decisiones clínicas terminen bajo investigación criminal.
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El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, advirtió que el temor a enfrentar
procesos judiciales podría impulsar la llamada medicina defensiva, una
práctica en la que los médicos priorizan protegerse legalmente antes que
asumir procedimientos complejos o de alto riesgo.
El gremio teme más costos y menos acceso a especialistas
Según el CMD, este nuevo escenario podría traducirse en mayores gastos para
los pacientes, retrasos en decisiones clínicas y dificultades para acceder a
servicios especializados.
Peña Núñez sostuvo que la medicina se desarrolla en contextos de incertidumbre
y que no todos los resultados adversos deben interpretarse como delitos.
Por esa razón, la organización plantea que los conflictos derivados de la
práctica médica que no involucren dolo, fraude o negligencia temeraria sean
conocidos en jurisdicciones civiles, administrativas o disciplinarias, en
lugar de la vía penal.
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“No buscamos impunidad, sino un equilibrio entre los derechos de los
pacientes y la seguridad jurídica de los profesionales”, afirmó el
dirigente.
Preocupación por el homicidio involuntario y la falta de precisión
Uno de los puntos que genera mayor inquietud es la inclusión y ampliación de
figuras como el homicidio involuntario dentro del nuevo Código Penal.
El CMD entiende que, sin protocolos específicos para el ejercicio médico,
podrían producirse interpretaciones que desemboquen en condenas injustas
derivadas de complicaciones inherentes a la práctica clínica.
Peña Núñez también cuestionó que la legislación trate el tema desde criterios
generales sin distinguir las particularidades de la actividad médica ni las
diferencias operativas entre centros hospitalarios.
“No será culpa del médico cuando los hospitales no estén a la altura”, expresó
al referirse a las limitaciones estructurales que enfrentan numerosos centros
de salud.
La batalla se trasladará al Tribunal Constitucional
El Colegio Médico Dominicano anunció que llevará sus objeciones ante el
Tribunal Constitucional y el Congreso Nacional con el objetivo de impulsar
modificaciones o aclaraciones que eviten interpretaciones perjudiciales para
el ejercicio profesional.
La organización insistió en que la aplicación del Código Procesal Penal debe
garantizar el debido proceso y evitar que las acciones judiciales sean
utilizadas como mecanismos de presión contra los médicos.
El gremio cerró filas en defensa de sus miembros y aseguró que mantendrá su
oposición a cualquier medida que considere una amenaza para la práctica médica
en República Dominicana.
