Las recientes declaraciones de un exgobernador del Banco Central sobre la
cesantía han reabierto un debate que periódicamente regresa a la agenda
nacional. Se trata de una discusión legítima, pero que debe abordarse con
objetividad, sustentada en evidencias y no únicamente desde la perspectiva de
los costos empresariales.

La República Dominicana ha sido una de las economías de mayor crecimiento en
América Latina durante las últimas décadas. El país ha fortalecido sectores
como el turismo, las zonas francas, la construcción, las telecomunicaciones y
los servicios, atrayendo inversiones nacionales y extranjeras que han
contribuido a dinamizar la economía. Todo esto ha ocurrido con la cesantía
vigente dentro del Código de Trabajo.

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Por esa razón, resulta difícil sostener que este derecho laboral haya sido un
obstáculo determinante para el desarrollo económico nacional. Los indicadores
de crecimiento, la expansión de importantes actividades productivas y la
estabilidad macroeconómica demuestran que la cesantía ha coexistido con un
proceso sostenido de desarrollo y generación de empleos.

La cesantía no constituye un privilegio. Es una protección que recibe el
trabajador cuando pierde su empleo sin haber incurrido en faltas que
justifiquen su desvinculación. Para miles de familias representa un respaldo
temporal mientras se procura una nueva oportunidad laboral, contribuyendo a
reducir la vulnerabilidad económica en momentos de incertidumbre.

Es cierto que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos
importantes. Sin embargo, la informalidad laboral y las limitaciones para el
crecimiento empresarial responden a múltiples factores, entre ellos el acceso
al financiamiento, la productividad, la carga tributaria y las debilidades
estructurales de determinados sectores económicos.

Reducir el debate a la existencia de la cesantía equivale a simplificar una
realidad mucho más compleja.

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La competitividad empresarial y la protección de los derechos laborales no son
objetivos incompatibles. Por el contrario, las sociedades que logran
equilibrar ambos elementos suelen alcanzar mayores niveles de estabilidad
social y desarrollo sostenible. La experiencia dominicana demuestra que es
posible crecer económicamente mientras se preservan garantías fundamentales
para los trabajadores.

El reto no debe ser eliminar derechos, sino encontrar mecanismos que
fortalezcan la productividad, impulsen la formalización y promuevan más
oportunidades de empleo de calidad. Cualquier reforma laboral debe construirse
mediante el diálogo social y el consenso entre trabajadores, empleadores y
Estado.

La cesantía ha formado parte del marco laboral dominicano durante décadas sin
impedir el crecimiento económico del país. Por ello, cualquier discusión sobre
su futuro debe partir de datos objetivos y del interés nacional, procurando
siempre un equilibrio justo entre el desarrollo económico y la dignidad del
trabajo.

Por Edwin De La Cruz