La defensa del
exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, busca que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional
cierre el proceso penal
en su contra al considerar que ya excedió el plazo máximo de cuatro años
previsto por la legislación dominicana e instrumentos internacionales.
Los abogados sostienen que el expediente permanece abierto desde hace seis
años y que Rodríguez estuvo cuatro años privado de libertad durante el
desarrollo del caso. También alegan que no existe una decisión judicial que
atribuya a su representado las dilaciones registradas en el proceso.
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Tribunal escuchará el pedido el próximo lunes
La discusión continuará el lunes 27 de julio, a las 9:00 de la mañana, cuando
el tribunal conocerá los argumentos de la defensa antes de decidir sobre la
solicitud de extinción de la acción penal.
Los abogados citaron además que entre 2014 y 2025 los tribunales acogieron
22,645 solicitudes de extinción y reclamaron que el expediente de Rodríguez
reciba el mismo tratamiento.
La petición se produjo después de que el Segundo Tribunal Colegiado rechazara
un recurso de oposición presentado por varias barras de la defensa contra
decisiones adoptadas durante el juicio y ordenara avanzar con el proceso por
presunta corrupción administrativa.
Jean Alain Rodríguez enfrenta acusaciones por corrupción
El Ministerio Público, representado por el director general de Persecución,
Wilson Camacho, había solicitado declarar inadmisible el recurso,
planteamiento aceptado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell
Soto.
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Luego de esa decisión, el tribunal ordenó iniciar la fase correspondiente con
el discurso de apertura de la acusación. Sin embargo, la audiencia fue
aplazada para el próximo lunes tras la reiteración del pedido de extinción.
Previamente, las juezas rechazaron una solicitud de aplazamiento basada en un
supuesto problema de salud de Rodríguez, debido a que la defensa no presentó
documentación que respaldara esa condición.
De acuerdo con la acusación, Jean Alain Rodríguez y los demás imputados
enfrentan cargos por presuntos actos de corrupción, incluidos soborno,
desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos. El Ministerio Público
sostiene que durante su gestión como procurador general, entre 2016 y 2020, se
habría producido una malversación superior a los RD$6,000 millones mediante
procesos fraudulentos.
