Estados Unidos
elevó este miércoles la
presión contra Cuba
al imputar formalmente al expresidente Raúl Castro por asesinato,
conspiración para matar estadounidenses y destrucción de aeronaves, en uno de
los movimientos judiciales más agresivos lanzados contra la cúpula castrista
en décadas.
La acusación presentada por el Departamento de Justicia en una corte federal
de Florida responsabiliza a Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de
la organización Hermanos al Rescate, incidente en el que murieron cuatro
aviadores vinculados a operaciones de apoyo a balseros cubanos.
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Según el expediente judicial,
Raúl Castro
habría ordenado el ataque cuando ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Cuba, posición que lo colocaba en la máxima línea
de mando militar del país.
Washington revive uno de los episodios más tensos con Cuba
La acusación incluye los nombres de varios militares cubanos señalados de
participar en la operación que acabó con la vida de Carlos Costa, Armando
Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.
El Gobierno cubano sostuvo en aquel momento que las aeronaves habían violado
su espacio aéreo y calificó a los pilotos como “terroristas”. Sin embargo, la
Organización de Aviación Civil Internacional concluyó posteriormente que el
derribo ocurrió en aguas internacionales.
El anuncio se produjo en Miami, símbolo político del exilio cubano, durante
una comparecencia del fiscal general interino Todd Blanche, quien aseguró que
Washington buscará llevar a Castro ante la justicia.
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Trump endurece el cerco sobre La Habana
La ofensiva judicial ocurre en medio de la escalada de presión impulsada por
la administración de Donald Trump contra el régimen cubano.
Washington ha reforzado sanciones, endurecido restricciones energéticas y
aumentado el discurso de confrontación contra La Habana, mientras la isla
atraviesa una severa crisis económica y energética.
Aunque las autoridades estadounidenses no explicaron cómo ejecutarían una
eventual captura del exmandatario de 94 años, la imputación marca la primera
vez que un dirigente cubano de tan alto nivel enfrenta cargos penales directos
en territorio estadounidense por la muerte de ciudadanos norteamericanos.
Desde Cuba, Miguel Díaz-Canel rechazó las acusaciones y las calificó como
parte de una operación política contra la revolución cubana.
