Ministerio Público apelará ‘no ha lugar’ a favor de Gonzalo, Peralta y otros acusados
La investigación de la Operación Calamar superó una de sus etapas más
decisivas. El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó
la
apertura a juicio contra 35 de los 40 imputados en el expediente de presunta corrupción administrativa que, según el
Ministerio Público, provocó un perjuicio superior a RD$19 mil millones al
Estado dominicano.
Entre los enviados a juicio figuran el exministro de Hacienda Donald Guerrero
Ortiz, señalado por el Ministerio Público como una pieza central de la
estructura investigada, así como el abogado Ángel Lockward y sus empresas.
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Ministerio Público impugnará exclusión de cinco acusados
La jueza Altagracia Ramírez emitió autos de
no ha lugar a favor de cinco procesados, entre ellos José Ramón Peralta, exministro administrativo de la
Presidencia, y
Gonzalo Castillo Terrero, exministro de Obras Públicas.
La decisión provocó una reacción inmediata del procurador adjunto Wilson
Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio
Público, quien anunció que apelará esos fallos al considerar que el tribunal
incurrió en una valoración incorrecta de pruebas y testimonios incorporados al
proceso.
Según Camacho, la decisión reconoce la solidez del expediente al enviar a
juicio a la mayoría de los acusados, pero insistió en que los 40 procesados
deben responder en los tribunales por los hechos atribuidos.
La jueza rechazó anular el expediente
El tribunal también desestimó las solicitudes de las defensas que buscaban
declarar la nulidad del proceso y la extinción de la acción penal, permitiendo
que la acusación continúe su curso judicial.
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La magistrada concluyó que el Ministerio Público presentó suficientes
elementos probatorios para sustentar la apertura a juicio contra los imputados
vinculados al entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación
Calamar.
Una batalla judicial que sigue abierta
Aunque el Ministerio Público considera la decisión un avance relevante en la
lucha contra la corrupción y la impunidad, la controversia está lejos de
terminar. La apelación anunciada podría reabrir el debate sobre la situación
procesal de los cinco acusados excluidos de la fase de juicio.
El expediente había quedado en estado de fallo desde el 27 de marzo de 2026.
Tras más de tres horas de lectura y deliberaciones, el tribunal comunicó su
decisión y entregó la sentencia en formato digital a las partes involucradas.
