La
apertura de juicio de fondo en el caso relacionado con la modernización de la red semafórica del Gran
Santo Domingo marcará una nueva etapa en la estrategia de defensa de
José Ángel Gómez Canaán, quien sostiene que las
acusaciones en su contra carecen de base legal y probatoria.
Tras concluir la audiencia, el empresario afirmó que enfrentará el proceso
judicial con determinación y reiteró que, desde el inicio del expediente, ha
denunciado presuntos intentos de despojarlo de sus bienes mediante la acción
penal impulsada por el Ministerio Público.
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“Ahora vamos a juicio de fondo, vamos con todo”, declaró Gómez Canaán al
referirse a la decisión del tribunal de enviar el caso a la siguiente fase
procesal.
Defensa destaca exclusión del cargo de terrorismo
Uno de los principales puntos resaltados por los abogados del empresario fue
la exclusión de la acusación de terrorismo por parte del tribunal.
Según la defensa, la decisión confirma que no existen elementos que permitan
sustentar esa imputación dentro del expediente.
Gómez Canaán también cuestionó que dicho cargo fuera incluido inicialmente en
la acusación presentada por el
Ministerio Público, al considerar que nunca existieron fundamentos para sostenerlo.
Solicitan escuchar nuevos testigos en el juicio
El empresario adelantó que espera que durante el juicio de fondo sean
escuchados varios testigos que, según afirma, pueden aportar información
relevante para esclarecer los hechos.
Entre las personas mencionadas figuran el director del Instituto
Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison;
Jorge Luis Polanco; Martín Rivera Gavirondo, actual
vicepresidente de la ARS Reservas; y Eylin Beltrán.
La defensa considera que estos testimonios podrían contribuir a desmontar
aspectos esenciales de la acusación.
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Alegan que el Estado mantiene una deuda millonaria
Los abogados de Gómez Canaán también rechazaron las imputaciones relacionadas
con una presunta estafa contra el Estado.
Argumentaron que uno de los elementos esenciales para configurar ese delito es
la existencia de un perjuicio económico, situación que, según sostienen, no ha
sido demostrada por los órganos acusadores.
Por el contrario, afirman que existen pagos pendientes derivados de contratos
ejecutados por empresas vinculadas al empresario y que la deuda superaría los
1,100 millones de pesos.
Con el envío del expediente a juicio de fondo, las partes tendrán la
oportunidad de presentar pruebas, testigos y argumentos ante el tribunal
encargado de determinar la responsabilidad penal de los acusados en uno de los
procesos judiciales más relevantes vinculados al Intrant.
