La
discusión del nuevo Código Penal sumó nuevas críticas tras las advertencias de juristas que consideran
que el proyecto
incorpora disposiciones que podrían limitar la responsabilidad penal de
instituciones públicas y abrir la puerta a procesos contra el periodismo de
investigación.
La abogada constitucionalista Patricia Santana afirmó que una de las mayores
preocupaciones es la eximente de responsabilidad penal que, según explicó,
favorece al Estado, las instituciones públicas, los partidos políticos, las
iglesias y sus representantes. A su juicio, esa disposición representa un
riesgo para la aplicación equitativa de la justicia.
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Preocupa el alcance del delito de espionaje
Santana también cuestionó la redacción del artículo sobre espionaje, al
entender que podría utilizarse para perseguir penalmente a periodistas de
investigación y a integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
La jurista llamó a ambos sectores a examinar con atención el contenido del
proyecto antes de su aprobación definitiva, debido al impacto que podría tener
sobre el ejercicio de sus funciones.
Piden una revisión más profunda del proyecto
La abogada Mary Fernández criticó la velocidad con la que el Congreso Nacional
estudia la iniciativa y consideró que los legisladores deben dedicar más
tiempo a corregir los artículos que presenten deficiencias.
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Fernández sostuvo que no existe justificación para acelerar la aprobación de
una normativa de amplio alcance y advirtió que la ciudadanía sería la
principal afectada si el Código Penal entra en vigor con disposiciones que
requieran posteriores correcciones.
